En cada temporada ciclónica se evidencia la vulnerabilidad de gran parte de la población ante los eventos hidro-meteorológicos, como lluvias intensas, vaguadas, tormentas y huracanes, y el gran reto que tienen las autoridades nacionales y locales para garantizar la seguridad ciudadana. Un aporte relevante a esta tarea es el documento “Indicadores de la gestión de riesgos de desastres en República Dominicana 2012: desafíos pendientes y acciones para el avance”, dado a conocer recientemente por la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
El estudio fue preparado por el Programa de Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos, y parte de la premisa de que el país “presenta una elevada exposición a fenómenos naturales que producen de manera reiterada situaciones de emergencia y desastres de diferente envergadura”, lo que está relacionado con su ubicación y características geográficas, topográficas y orográficas y con factores sociales, económicos y demográficos que han forzado a grandes grupos de población a vivir en áreas propensas al desastre. La conjugación de esos factores genera el alto nivel de riesgo.
Las inundaciones ñindica el informe- son la principal causa de situaciones de emergencia y desastres, dado que aproximadamente el 60 por ciento del territorio está expuesto a ella, seguidas por crecidas de ríos, tornados y sequías.
“El cambio climático está agudizando las condiciones de riesgos al aumentar la frecuencia e intensidad de los eventos hidro-meteorológicos en el territorio nacional, representando, por tanto, una amenaza cada vez mayor al desarrollo del país”, sostiene, y cita que en el Índice de Riesgo Climático Global correspondiente a 2012, de Germanwatch, el país aparece como uno de los 10 más afectados por riesgos climáticos en el mundo, tras analizar el período 1991- 2010.
Refiere que modelaciones del impacto futuro del cambio climático predicen que el país estará expuesto con mayor frecuencia a olas de calor, sequías, lluvias y tormentas más intensas, así como a aumentos del nivel del mar y en la temperatura promedio. “El impacto de estos fenómenos se verá exacerbado por las condiciones de salud y sociales existentes, así como por los desafíos económicos que el país enfrenta”, plantea.
Plan macro de gestión del riesgo
El documento hace referencia al proceso de elaboración del Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres iniciado en 2011, y que deberá culminar en 2016, como uno de los avances más significativos de los últimos años en la materia.
Se estructura con base en cinco líneas programáticas: la promoción del desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización; el fortalecimiento de la reducción y previsión de los factores de riesgo; el mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta; la formación de recursos humanos, educación y capacitación, y el fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos. En él se involucran las instituciones públicas nacionales, provinciales y municipales, así como autónomas y descentralizadas.
El plan en desarrollo ha de tomar como insumos otras medidas aplicadas en el país para la gestión de riesgos.
COBERTURA PARA DAÑOS
En los últimos 30 años, en el territorio dominicano se han registrado al menos 52 desastres causados por eventos naturales, ocasionando 6,886 muertes y afectando a casi 5.2 millones de pobladores. Las pérdidas económicas -directa e indirecta- han sido estimadas en más US$3,000 millones según el documento “Indicadores de la gestión de riesgos de desastres en República Dominicana 2012”.
EN ESPERA DE FONDOS PARA EL FONDO
En el país no hay una provisión de fondos exclusiva para enfrentar los daños originados por fenómenos naturales. Ese aspecto es cuestionado en el documento “Indicadores de la gestión de riesgos de desastres en República Dominicana 2012: desafíos pendientes y acciones para el avance”, cuando hace referencia a la Ley Orgánica de Presupuesto, que en su artículo 33 dispone el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central estimados para enfrentar calamidades públicas, mientras que en el artículo 58 dispone que los fondos no utilizados de esa apropiación presupuestaria serán utilizados en la disminución del endeudamiento del sector público.
“Lo anterior evidencia que la partida presupuestaria asignada para atender situaciones de desastres presenta, entre otros, los siguientes inconvenientes: no es un fondo propiamente tal, en cuanto no se acumula; su uso es discrecional, ya que sólo se utiliza en desastres de carácter nacional, dejando así desatendidos desastres de carácter regional o local, y los montos destinados a esta partida son menores que los costos fiscales que el país debe hacer frente en caso de desastres”, expone. Concluye que en el país no existe una política financiera que permita contar con un fondo reservado para la gestión de riesgos de desastres.
También hace referencia al Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, que está contemplado en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, del que indica que debido a la forma en que está dispuesta la fuente de aprovisionamiento no se asegura una asignación periódica, por lo cual no se garantiza su liquidez. Las fuentes de financiamiento contempladas son partidas asignadas en el presupuesto, transferencias, aportes, contribuciones y donaciones, entre otras.
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